El decreto con el que el Gobierno quiere poner fin al turismo sanitario va a propiciar muchos cambios. Y entre ellos la atención sanitaria a los ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea. La Conselleria de Sanidad asegura que unos 20.000 extranjeros de la UE van a tener que fijar su residencia en España y demostrar que disponen de cobertura en su país si quieren seguir disfrutando de atención sanitaria en la Comunitat en las mismas condiciones que los españoles.
Este grupo de extranjeros lo conforman aquellos que disfrutan de unos meses de estancia en la Comunitat alternándolos con periodos de residencia en sus países de origen. Tal como explican desde la Conselleria de Sanidad se trata de los casos «más complejos» y los que se «quieren solucionar» mediante las medidas a adoptar a partir de lo dispuesto en el decreto.
Desde la conselleria insisten en que las medidas no afectarán a aquellos ciudadanos de la UE que tienen fijada su «residencia permanente en la Comunitat» y su situación está completamente regularizada en lo que se refiere «al cobro de sus pensiones» desde su país de origen, o bien porque disponen de un seguro privado.
Tampoco –puntualizan– se hace referencia a los ciudadanos de países de la UEque se encuentren haciendo turismo y ante cualquier percance requieran asistencia médica. En este caso disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) será suficiente para recibir atención.
Lo que va a ocurrir ahora y que afectará a los 20.000 extranjeros mencionados es que para encontrarse «en igualdad de derechos con los españoles se establece la residencia legal», apuntan desde la Conselleria de Sanidad. Pero las exigencias no acaban ahí.
Para ser residente «más de tres meses será necesario tener trabajo y en caso contrario medios suficientes para sí mismo y para la familia». También deberán acreditar que disponen de cobertura sanitaria en su país que pueda exportarse a España «o en su defecto cobertura privada». Y todo ello sin olvidar que el «estatus de residente implicará el traslado de su residencia fiscal a España».
Tal como señalan desde el departamento autonómico muchos de los ciudadanos comunitarios que van y vienen» están empadronados en un municipio de la Comunidad, «pero no han establecido formalmente su residencia en España». A este dato añaden que en esta situación «hay contabilizadas unas 20.000 personas» que en su mayor parte se corresponden con las nacionalidades «inglesa, alemana , francesa, belga o italiana».
Todos estos ciudadanos de la UE tendrán que cumplir los requisitos mencionados, si bien desde el departamento autonómico insisten en que no pueden «contabilizar ni entrar a valorar quiénes se acogerían, o no, a fijar su residencia y datos fiscales en España». Regularizar esta situación es de gran importancia para la Comunitat, dada la elevada presencia de ciudadanos de la UE. En distintas ocasiones Sanidad ha denunciado que la asistencia sanitaria a estos ciudadanos supone un coste de unos 160 millones anuales.
