Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis , los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, de acuerdo con el decreto que publica hoy el BOE, que considera estos productos y actividades como "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario.
El porcentaje de aportación del usuario "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación".
Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
También destaca en la norma la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los que no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada su "contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento".
Antes del 30 de junio
Las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, tal y como publica este martes el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
Tras tres días de retraso en la publicación de las medidas adoptadas por "motivos técnicos", tal y como confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad este lunes, se da por oficializada la reforma sanitaria propuesta por el ejecutivo. Así, y según se describe en el decreto, "las administraciones públicas deberán adoptar, con anterioridad al 30 de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 4".
Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60 por ciento del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50 por ciento si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40 por ciento para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.
El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad, unos 3.550 millones de euros, se conseguirá con las medidas antes narradas; la desfinanciación pública de fármacos "obsoletos" o "con menor terapéutico"; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.
Asimismo, el Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, con el que se ahorrarán unos 1.500 millones de euros.
Para ello, el Real Decreto ley incluye la modificación de la actual Ley de Extranjería y la adaptación completa de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.
El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la 'e-salud' (700 millones de euros); mejorando la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales (600 millones de euros); y con la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones de euros).
