La Universidad de Alicante (UA) participa en el proyecto Europeo 'Erradicación del uso del castigo físico sobre los niños en las familias y las instituciones', cuyo objetivo es "contribuir a la erradicación del castigo físico en menores mediante la elaboración de programas y a materiales de sensibilización y materiales formativos dirigidos a padres y profesionales del sector social y escolar", según ha informado en un comunicado la institución académica.
La iniciativa está auspiciada por el III programa Daphne de la Comisión Europea, tiene un presupuesto total de 24.301,84 euros y estará vigente hasta febrero de 2013. Asimismo, los países comprometidos son España, Estonia, Polonia, Alemania, Italia y Reino Unido.
Asimismo, el proyecto pretende llevar a cabo la elaboración de una propuesta de recomendación europea "para la erradicación del uso del castigo físico que incorpore medidas legales, de sensibilización y de formación en métodos alternativos de disciplina", según ha explicado el investigador Conrado Moya, perteneciente al Departamento de Comunicación y Psicología Social y coordinador de este proyecto en la UA.
Promover la sensibilización
Al respecto, Moya ha incidido en "la importancia del desarrollo y la elaboración de programas para promover la sensibilización y la toma de conciencia como medidas de prevención dirigidas a padres, profesionales y población en general", y ha destacado que la finalidad del ejercicio del derecho de corrección debe estar siempre "orientada al propio interés del menor desde el punto de vista de su educación o formación personal".
De manera que, según las mismas fuentes, el término "corrección" ha de ser asumido "como sinónimo de educación", con referencia a las connotaciones que conforman de forma intrínseca cada proceso educativo, "al no poderse considerar como tal el uso de la violencia para fines educativos".
Desde 2007, el Programa Daphne ha financiado casi 200 proyectos que han contribuido a prevenir y combatir todas las formas de violencia, tanto si ocurren en la esfera pública como en la privada, y que afectan a niños, jóvenes y mujeres, incluidas la explotación sexual y la trata de personas, mediante la adopción de medidas preventivas y la oferta de apoyo y protección a las víctimas y grupos de riesgo.
