Veintinueve meses después de que estallara el caso Gürtel, Francisco Camps arrojó ayer la toalla y dimitió como presidente de la Generalitat, presentándose como víctima de su lucha «contra el sistema», reiterando su inocencia y destacando el «sacrificio» que realiza por su partido, por la Comunitat Valenciana y por España. El líder del PPCV no ha sido capaz de aguantar la terrible presión a la que ha sido sometido y con una altura de miras encomiable ha decidido poner punto y final a la agonía.
Un desgaste terrible que muy pocos hubieran soportado durante tanto tiempo pero que le había conducido hasta un callejón sin salida. Finalmente, y contra lo que el día anterior apuntaban todas las especulaciones, no recurrió a la fórmula de aceptar el delito del que se le acusa -el cohecho impropio- y pagar una multa, con lo que hubiera evitado la celebración del juicio. Esta solución, legalmente posible, hubiese sido contradictoria con la línea argumental que hasta la fecha ha seguido Camps y que se basaba en la defensa cerrada de su inocencia y en la oportunidad que representaba su presencia ante los tribunales para explicarse y dar su versión de los hechos, cosa que de momento no ha hecho, en lo que se considera uno de sus peores errores en todo este asunto, la opacidad, la falta de transparencia, la ausencia de información. La pelota, por tanto, sigue estando en el tejado de la Justicia, conforme a lo que LAS PROVINCIAS ha venido reclamando desde un principio. Hay que dejar que los tribunales hagan su trabajo, y hay que respetar sus decisiones, sean las que sean.
El adiós de Camps abre las puertas de la Generalitat a Alberto Fabra, hasta ahora alcalde de Castellón y diputado autonómico. Para cerrar cualquier tipo de debate interno en el seno de un partido que a pesar de su éxito electoral vive convulsionado por el 'caso Gürtel', la dirección nacional ha actuado en esta ocasión con presteza y ha señalado a un sustituto idóneo del dimisionario, en una operación que la organización regional ratificó pocas horas después del anuncio de Camps. Cuando la crisis económica presenta su aspecto más descarnado, en unos momentos en que se hace más necesario que nunca un Consell fuerte, la Comunitat Valenciana se encuentra inmersa en un inesperado cambio de poder. El Gobierno autonómico salido de las urnas del 22 de mayo, en las que el PP obtuvo un respaldo mayoritario, prácticamente no ha podido ponerse a trabajar por culpa de los líos judiciales de su hasta ayer presidente. El impulso que los empresarios y la sociedad civil reclamaban del nuevo Ejecutivo sigue estando pendiente. Los problemas para los ciudadanos y para las empresas son hoy más latentes que nunca.
La dimisión de Camps y su inmediata sustitución por Alberto Fabra sitúa la política valenciana en un escenario completamente diferente. Abortada la vía para pagar la multa y evitar el juicio, los cuatro procesados pueden ahora demostrar su inocencia ante el jurado que los juzgará, probablemente en el otoño, aunque a nadie se le escapa que la decisión de Víctor Campos y de Rafael Betoret -que ayer acudieron al Tribunal Superior de Justicia a reconocer su culpabilidad- es ahora muy débil e incómoda. Pero el foco principal de este caso de presunta corrupción ya no apunta al presidente de la Generalitat, lo cual es un alivio no sólo para el propio Camps y para el PP sino para las instituciones y para la Comunitat. Desde hace más de dos años, el 'caso Gürtel' protagoniza el debate político valenciano, distrayendo medios, compromiso y eficacia a la hora de luchar contra la crisis. Esta situación puede dar ahora un vuelco y devolver la política con mayúsculas al primer plano de la actualidad. Con su honrosa dimisión, Camps ha prestado el último servicio que podía ofrecer tanto a los ciudadanos que le votaron como a los que no lo hicieron.
