En el argot financiero se denomina como Sistema Institucional de Protección (SIP) -o fusión 'fría' o 'virtual'- a una unión en la que sus entidades integrantes mantienen su marca, su forma jurídica, su capacidad de decisión individual, así como su independencia económica. Sin embargo, se aprovechan de servicios comunes que, por un lado abaratan costes -servicios informáticos, mismas plataformas para la operativa financiera y productos similares- así como del intercambio de 'favores' en sus redes de oficinas y cajeros.
En una fusión clásica desaparecen las cajas que se integran y sólo queda una. Aquí no. Se trata de una integración que respeta la personalidad jurídica, el nombre y los órganos de gobierno de cada caja (que no cambian), pero se crea una estructura conjunta para operar en el ámbito nacional e internacional y tomar en común las grandes decisiones de todos los socios. La entidad conjunta tendrá un balance consolidado y será supervisada de forma única por el Banco de España.
Entre los clientes, el principal recelo que genera es la posible pérdida de arraigo respecto a sus zonas de origen. Entre los políticos, la pérdida de poder que supone al integrarse en un grupo mayor. Precisamente por ello se ha optado por la "fusión virtual", que asegura el mantenimiento de las señas de identidad de cada caja y, a la vez, permite generar "economías de escala".
