La responable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Vicente del Raspeig no aprecia indicios de delito en las irregularidades detectadas en la prueba del pasado domingo para acceder a 33 plazas del Consorcio Provincial de Bomberos.
La juez ha archivado la investigación penal al entender que no existe falsedad en documento público ni mercantil porque no se ha acreditado dicha circunstancia, y tampoco una estafa, pues no existe un perjuicio directo económico, según información del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Además, la titular del juzgado invita indirectamente a las partes -en este caso la Diputación de Alicante, de la que depende el Consorcio y el tribunal examinador, que presentó la denuncia- a recurrir a la vía administrativa.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana, cuando un aspirante a bombero fue descubierto con un 'pinganillo' a través del que supuestamente recibía las respuestas desde el exterior del aula de la Universidad de Alicante donde se desarrollaba la prueba.
