Los esposos castellonenses Domingo Blasco y Soledad Vega son dos de los integrantes de la numerosa delegación de objetores españoles que ayer, 19 de marzo, presentó en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español, por vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de los actuales currículos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Una de sus hijas, que cursa 2.º de la ESO en un colegio concertado de la capital de La Plana, se encuentra entre los 18 menores de la Comunitat Valenciana (y 105 de toda España) cuyos padres han planteado recurso en Estrasburgo.
Los demandantes consideran que el actual estatus académico de las cuatro materias de EpC vulnera lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los artículos n.º 8 (que reconoce el “derecho al respeto de la vida privada y familiar”), n.º 9 (que consagra la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”) y n.º 14 (que formula la “prohibición de discriminación”), así como lo dispuesto en el n.º 2 de su Protocolo n.º 1 (que ordena a los Estados que, “en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza”, respeten “el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”).
En virtud de todo ello, los recurrentes solicitan al TEDH:
- La concesión de medidas cautelares que eximan a estos 105 alumnos de asistir a estas clases y de ser evaluados, hasta que el Alto Tribunal europeo dicte sentencia.
- El reconocimiento mediante declaración de que, en todos estos casos, el Estado ha vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos.
- La imposición de una compensación económica por los daños morales causados.
- El requerimiento al Estado para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo y evite que en el futuro puedan producirse nuevas vulneraciones de los derechos invocados.
De los 18 niños y adolescentes valencianos inmersos en el procedimiento, 8 residen en la provincia de Valencia, 6 en la de Alicante y 4 en la de Castellón. En cuanto a los niveles académicos que cursan actualmente, 7 estudian 5.º de Primaria, 10 están en 2.º de la ESO y 1 se hallan en 4.º de la ESO. Finalmente, por lo que respecta a la titularidad de los centros en que están escolarizados, 5 alumnos asisten a colegios e institutos de la Generalitat Valenciana y los 13 restantes están matriculados en centros de iniciativa social.
José M.ª Llanos, asesor jurídico de Valencia Educa en Libertad (VAEL) y letrado que representa a los más de 240 menores de las tres provincias cuyos padres recurrieron en septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia la denegación administrativa de sus objeciones, destaca que “esta demanda es independiente del desarrollo de los procedimientos judiciales que se sustancian actualmente en el TSJ de nuestra Comunidad, en los de otras regiones, en el Supremo y en el Constitucional”.
El abogado añade que “esos recursos se interpusieron (como se volverán a plantear en un futuro muy próximo) porque los padres y las entidades que los asesoramos entendemos que el diseño curricular de EpC vulnera la legislación española, y más concretamente nuestra Constitución. Esperamos que finalmente el Constitucional así lo acabe reconociendo”.
“Sin embargo –detalla–, la demanda ante el TEDH se fundamenta en la vulneración de los derechos reconocidos por un Convenio de ámbito continental, jurisdicción que le compete a la Corte de Estrasburgo”.
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