Todos los grupos políticos que conforman la Diputación de Castellón aprobaron ayer una declaración institucional para instar al Gobierno a que no presente el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caza valenciana que avala el parany, el método tradicional de caza consistente en la colocación en la parte superior de los árboles de unas varillas conocidas como 'liga', impregnadas con una sustancia adhesiva, que actúa como trampa para los pájaros.
En el primer punto del despacho extraordinario, PP, PSPV y Bloc apoyaron esta declaración en la que afirman que la Le de Caza valenciana «reconoce que el parany es una caza selectiva y deja patente que cuenta con una tradición arraigada en las costumbres valencianas, siendo absolutamente respetuosa con el medio ambiente.
Así, tilda de «intromisión en la autonomía de los valencianos» la intención del Gobierno de presentar un recurso ante el Constitucional contra este tipo de caza, «un asunto que tiene las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas». Por ello, con la declaración los grupos políticos quieren manifestar la «oposición a este ataque a los derechos y tradiciones de los valencianos».
El texto finaliza con la instancia al Gobierno para «que no presente el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caza de la Comunidad y a que defienda públicamente la voluntad democráticamente expresada en Les Corts Valencianes».
Cabe recordar que esta declaración es la primera de las medidas que se acordaron en una reunión de representantes del Consell con Apaval, la Asociación de Paranyers Valencianos. La declaración se debatirá también los los ayuntamientos de la Comunitat.Además, los paranyers acudirán el viernes a Madrid con el objetivo de entregar una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que no presente este recurso.
Por otro lado, en el pleno celebrado ayer en la Diputación se aprobó de forma unánime la proposición para crear un consorcio para la inserción de las personas afectadas por la crisis del sector cerámico.
También se aprobó unánimemente una moción del grupo popular en la que se insta al Gobierno a incorporar a la planificación estatal de infraestructuras ferroviarias la construcción de una nueva línea de alta velocidad para tráfico de viajeros, preparada para velocidades de 300-350 kilómetros horas, entre Castellón y Tarragona, tomando en consideración la redacción del proyecto del Consell.
