Aunque no es agradable enfrentarse a una demanda por el impago de una deuda, cada vez hay más familias que se encuentran en esta situación: la morosidad del sistema financiero español se encuentra en un 5,05%, casi cinco veces más que hace dos años.
En la época de bonanza, todo se financiaba: la televisión de plasma, las vacaciones al Caribe, el último modelo de coche... Por ello, los impagos se han extendido de las tradicionales hipotecas a todo tipo de préstamos de consumo e, incluso, a las tarjetas de crédito.
Pero no todas las entidades actúan del mismo modo, ni las consecuencias son las mismas. En el peor de los casos, en las hipotecas, la garantía con la que cuentan (la casa) se puede subastar; en el resto de créditos, se puede acabar en la vía judicial, aunque, en muchas ocasiones, «no compensa ni al banco ni al cliente», explica Francisco López Sorio, abogado de Consumo de Legálitas.
A los tres meses
Las ejecuciones hipotecarias son, por su valor, las más temidas entre los ciudadanos. La Circular 4/2004 del Banco de España considera que existe riesgo por la morosidad del cliente «cuando haya más de tres meses de antigüedad» en el impago de los correspondientes recibos.
Pero desde algunas entidades consultadas por DINERO explican que «no se suele aguantar más de dos meses», y , como mucho, «se espera al cuarto mes». La primera acción que toma la entidad es ponerse en contacto con el cliente para notificarle el impago, «de forma suave», explican en una caja de ahorros. Si no hay respuesta, se envía una carta en la que se le detallan las consecuencias que puede tener si no accede al pago.
«Este tipo de préstamos tienen una importante garantía de cobro, porque cuentan con el respaldo de un bien inmobiliario», explica Francisco López Sorio, de Legálitas. El resultado final es que, si no se paga, se acaba en la subasta del bien. Sin embargo, si en la subasta el banco no consigue liquidar la totalidad de la deuda que mantenía un cliente, podrá seguir reclamando el resto de la deuda, tal y como establece la Ley Hipotecaria española.
Empresas de morosos
Aunque en las hipotecas no se suele acabar en una gestión extrajudicial del impago, sí se acude a estas sociedades en el caso de impagos de créditos personales o cualquier préstamo con un importe bajo para el que no se hayan exigido demasiados requisitos a la hora de concederlo por parte de la entidad.
En estas operaciones, se espera algo más de tres meses para fijar el vencimiento del crédito, que suele situarse a partir del sexto o séptimo mes de impago.
En principio, son los propios departamentos de cobro de las entidades financieras los que se encargan de contactar con el cliente para advertirles del dinero que han dejado de pagar y de que, si no se reponen esas cantidades, la gestión de esta operación pasará a una empresa especializada.
En este punto, los expertos consideran que la mejor opción es negociar con la entidad una solución: el aplazamiento del pago o una reestructuración del crédito. Porque si la gestión del impago pasa a una empresa de recobros, ésta no tendrá en cuenta la relación que el cliente mantenía con su banco, como la vinculación que pueda haber mantenido durante muchos años.
Listas de morosos
Las entidades suelen recuperar la mayor parte del dinero de los impagos a través de estas empresas y «no se suele llegar a la vía judicial, salvo algunos casos», explica Francisco López, de Legálitas. «Las entidades pueden aguantar los impagos en este tipo de créditos más tiempo por los intereses de demora que están cobrando al propio cliente», afirma este abogado.
Esos intereses que cobran pueden aportar más beneficios que acudir a la vía judicial. «Si la entidad comprueba que el cliente no tiene solvencia, no suele arriesgarse a acudir a juicio», considera este abogado de Legálitas.
Si en el caso de las hipotecas se puede llegar a la subasta de la vivienda, en los préstamos de consumo, la última consecuencia puede ser la incorporación del cliente a una lista de impagados. Es en este momento cuando se debe hablar de «moroso», porque hasta entonces, es un cliente «dudoso».
Las de Equifax, Experiam y el Registro de Impagados (RAI) son las más conocidas. En ellas, las entidades comparten sus datos para informarse sobre posibles clientes futuros que puedan mantener deudas con otros bancos. Como máximo, pueden mantener los datos de clientes morosos en sus bases durante seis años.
