LAS REACCIONES
Aún no había amanecido cuando el alcalde de Polop entró en el edificio de los juzgados de La Vila. La juez María Antonia Raedo, que instruye el sumario del crimen de Alejandro Ponsoda, lo hizo esperar unas cuantas horas en los calabozos hasta que decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza tras imputarlo por el asesinato de su antecesor en el cargo, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Cano entró a la una y media de la tarde en el despacho de la magistrada, pero rechazó responder tanto a sus preguntas como a las de la fiscal jefa de Benidorm, Lourdes Giménez-Pericás.
Acogerse a este derecho constitucional es la estrategia habitual de muchos abogados penalistas cuando las actuaciones son secretas y se desconocen las pruebas que obran en contra de su cliente, como es el caso. Esa opción tiene como finalidad evitar que el imputado incurra en contradicciones o pueda negar por desconocimiento evidencias constatadas en las pesquisas.
«Él se ha declarado inocente de todo, pero ha comunicado que prefiere esperar a conocer las actuaciones porque no sabe de qué se le acusa ni por qué ha sido detenido», explicó ayer a este diario su letrado, Carlos Ruiz Manero, el mismo que defiende al ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero.
En su opinión, el secreto de las actuaciones «supone una limitación muy grave del derecho de defensa». El todavía alcalde de Polop -no ha renunciado al cargo ni ha sido inhabilitado judicialmente para su ejercicio- tiene «la lógica preocupación de cualquier persona en su situación», añade Ruiz Manero.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Vila mantiene la causa abierta por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas en relación al asesinato a tiros de Ponsoda, cometido en octubre del 2007.
Con el ingreso en la cárcel del actual alcalde son ya siete los imputados entre rejas. Cano permaneció ayer casi seis horas en el edificio judicial antes de ser llevado a presencia de la magistrada, ante la que rechazó prestar declaración. Uno de sus hermanos lo visitó momentos antes, pero a su salida declinó hablar con la prensa.
Sobre las tres y media de la tarde, una vez que se le notificó el auto judicial, el imputado abandonaba los juzgados camino de prisión a bordo de un vehículo de la Guardia Civil y en medio de un dispositivo de seguridad inaudito.
Ocho agentes del Instituto Armado y una docena de policías locales aguardaban desde hacía casi una hora el momento. Cuando el coche alcanzó la calle desde el garaje, los agentes se colocaron a ambos lados del mismo y lo acompañaron una decena de metros. Lógicamente, los numerosos medios gráficos destacados en el lugar no pudieron ni siquiera acercar sus objetivos a los cristales del auto.
La concejal de Seguridad Ciudadana de La Vila, Beatriz Llinares, informó a este periódico a través de una portavoz que el dispositivo de la Policía Municipal respondía a «una petición del juzgado».
El TSJ, sin embargo, negó esa versión y sostuvo tras hablar con Raedo que ésta no había tenido «nada que ver» con el impresionante despliegue de agentes porque el traslado de detenidos es «una competencia» de las fuerzas de seguridad.
Precisamente, la juez y la fiscal se marcharon en coche media hora después de que lo hiciera el alcalde de Polop sin hacer declaraciones a la treintena de periodistas que cubrían la noticia.
Alcaldesa en funciones
Por otro lado, el equipo municipal de gobierno de Polop volvió ayer a comparecer ante los medios de comunicación y se prevé que ésta sea la norma hasta que se esclarezca el asesinato de Ponsoda. La alcaldesa en funciones, María Dolores Zaragoza, mostró su deseo de que la detención Juan Cano por la muerte de su antecesor «sea un error» y de que la situación que vive el Consistorio y el municipio polopino «se resuelva pronto».
«No me gusta ver sufrir a las familias de mis compañeros», afirmó en referencia a las del alcalde fallecido y la del imputado. Zaragoza demostró el aprecio que sentía por el difunto, hasta el punto de sostener que está en política «por Ponsoda».
Aunque dijo tener la «intención» de contactar con la familia de Juan Cano, señaló que no lo había hecho aún porque no sabe «qué decirles». Fuentes del Ayuntamiento de Polop aclararon que el regidor detenido sigue siendo oficialmente alcalde del municipio, en tanto que no ha presentado su renuncia por escrito ni tampoco ha quedado inhabilitado por decisión judicial.
Por tercer día consecutivo, en la comparecencia del equipo de gobierno se ausentó el concejal de Turismo, Joaquín Montiel, quien también está siendo investigado por la Guardia Civil. A preguntas de los medios, Zaragoza aseguró que se encontraba en su casa «muy afectado» y pasándolo «muy mal». Los rumores son tantos que la regidora tuvo incluso que desmentir que Montiel hubiera sido arrestado.
